Propuesta de Directiva sobre Insolvencia, Reestructuración y Segunda Oportunidad

El pasado 22 de noviembre se presentó la Propuesta de Directiva sobre Insolvencia, Reestructuración y Segunda Oportunidad, que podéis leer AQUÍ.

De acuerdo a la nota de prensa emitida, la Propuesta de la Comisión viene a plasmar un nuevo enfoque de la insolvencia empresarial en Europa, a fin de fomentar la reestructuración temprana para evitar su posterior liquidación en un proceso concursal, respaldar el crecimiento y proteger el empleo. Asimismo, la Propuesta pretende garantizar que los empresarios tengan una segunda oportunidad tras haber pasado por un proceso concursal, lo cual ayudará a que el mercado sea más dinámico, se reduzca el riesgo y se promueva la innovación. Además, con esta Propuesta se quiere que los procedimientos de insolvencia sean más efectivos y eficientes en toda la Unión Europea, por cuanto los marcos normativos actuales generan obstáculos para la libertad de movimiento de capitales en la UE (riesgos e inseguridad jurídica para empresas e inversores que operan en el Mercado Único). Por último, también las entidades financieras saldrán beneficiadas y con ello se fomentará la estabilidad financiera, ya que gracias a un procedimiento de reestructuración eficiente se facilitará la devolución de los préstamos, lo que a su vez permitirá a los bancos conceder más préstamos a consumidores y empresarios.

La propuesta de Directiva se centra en tres elementos clave:

- Principios comunes sobre el uso de marcos de reestructuración temprana, que ayudarán a las empresas a proseguir su actividad y preservar el empleo.

- Normas que permitan a los empresarios gozar de una segunda oportunidad, ya que estos habrán sido completamente liberados de sus deudas tras un período máximo de tres años. Actualmente, la mitad de los europeos afirma que no iniciarían un negocio por miedo al fracaso.

- Medidas específicas para que los Estados miembros aumenten la eficiencia de los procedimientos de insolvencia, reestructuración y liquidación. De este modo se reducirá la excesiva lentitud y los costes excesivos de los procedimientos en muchos Estados miembros, lo que genera inseguridad jurídica para los prestamistas e inversores y unas bajas tasas de cobro de deudas impagadas.

Podéis ver la nota de prensa aquí.