viernes, 29 de enero de 2016

La CNMC y las ordenanzas del taxi de Málaga y Córdoba.

La CNMC, una semana después de comunicar que había enviado al Consejo de Ministros un requerimiento de anulación de varios artículos del Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre de 2015, por considerar que restringe la competencia en el servicio de taxi (como vimos AQUÍ), ha notificado que ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) las Ordenanzas del taxi de Málaga y Córdoba, por considerar que "restringen la competencia al perpetuar y fortalecer un régimen de monopolio en la prestación de servicios de taxi, cuyo efecto es reducir el bienestar".

Según la nota de prensa son cinco las principales restricciones:

Restricciones cuantitativas a la entrada de taxis, por cuanto los Ayuntamientos de Málaga y Córdoba prohíben el acceso al mercado, restringiendo la libertad de empresa, al fijar el número máximo de licencias de taxi que pueden operar en los términos municipales. Tal decisión limita la entrada, fracciona el mercado, reduce la disponibilidad y variedad de vehículos, aumenta el tiempo medio de espera, y limita la competencia entre los operadores.

Restricciones al libre establecimiento del precio, ya que el precio fijo impide a los operadores competir libremente en el precio de los servicios de taxi, en perjuicio de los usuarios.  

Participación de las asociaciones de titulares de licencias de taxi en las decisiones administrativas sobre el número de taxis o el nivel de los precios, lo que lleva a que los operadores se coordinen para evitar competir entre sí, perjudicando a los usuarios.

Requisitos injustificados sobre la organización de los operadores, así, entre otras, se exige que el titular de una licencia sea una persona física o bien un miembro de una cooperativa, que sólo pueda disponer de una licencia como máximo y que se dedique exclusivamente a la prestación de servicios de taxi.

Requisitos injustificados relativos a la calidad y seguridad, tales como que el vehículo no tenga más de dos años de antigüedad, entre otros.

Según la CNMC, esas limitaciones afectan a la competencia efectiva, no están justificadas, y dificultan el aprovechamiento de las nuevas innovaciones que se están originando en el sector, establecer un régimen de libertad de entrada y facilitar la libertad de precio en el mercado del taxi.

De acuerdo a los Informes Económicos realizados, que podéis ver aquí y aquí, esas limitaciones podrían tener un coste para los usuarios de al menos 4,4 millones de euros al año en Málaga y de 2,5 millones de euros al año en Córdoba. 

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