El principio de veracidad de la denominación social

La RDGRN de 18 de septiembre de 2017, publicada en el BOE del viernes 13 de octubre, y que podéis leer aquí, analiza nuevamente la validez de una denominación social que podría infringir el principio de veracidad que debe cumplir toda denominación.

En concreto, la cuestión controvertida se centra en el hecho de que la sociedad utiliza el término "arquitectos" en su denominación ("Arquitectos Llobera, SA"), cuando no es una sociedad profesional, sino una sociedad que, entre otras actividades, tiene por objeto la "intermediación en servicios técnicos de arquitectura". Este hecho, como veremos a continuación, lleva a tratar el posible conflicto normativo entre lo establecido en el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil y el Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales con reserva.

La inclusión de términos que pueden afectar al principio de veracidad cuando se ponen en conexión con las sociedades profesionales es un tema que ya hemos tratado aquí, y que también ha tratado en varias ocasiones en su blog mi buen amigo Luis Cazorla, como podéis ver aquí y aquí. Se trata, además, de una cuestión tratada en varias ocasiones por la propia DGRN, de ahí que la presente Resolución tome como referencia la doctrina sentada en las Resoluciones de 23 de septiembre de 2015 y 6 de septiembre de 2016.

Así, se parte del principio de que toda sociedad tiene derecho a un nombre que la identifique dentro del tráfico jurídico en base al principio general de libertad de elección, pero tal libertad está limitada por tener que ser única (no es posible más de una denominación por persona jurídica), original (no puede ser idéntica a la de otra sociedad preexistente) y veraz (no puede inducir a confusión en el tráfico jurídico mercantil sobre la identidad o naturaleza de la sociedad).

El principio de veracidad aparece plasmado en varios artículos del Reglamento del Registro Mercantil, en concreto, en los artículos 401 (prohibe la inclusión en la denominación de una sociedad del nombre o seudónimo de una persona sin su consentimiento), 402 (prohibe una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad), 405 (prohibitivo de denominaciones oficiales) y 406 (prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad).

El notario autorizante de la escritura recurrió la no inscripción en base a que los estatutos señalaban claramente que se trataba de una sociedad de intermediación en actividades de arquitectura, por lo que no podría haber confusión ni engaño a los usuarios o al público en general, pues no constando que la Sociedad tenga la forma de «Sociedad Profesional» sería fácil comprender que el ejercicio de la profesión de arquitecto se ejerce como intermediaria, cosa perfectamente admitida en nuestro ordenamiento. 

Este argumento lo basa en el RD 421/2015, cuyo art. 2 estipula que: «Si alguna de las actividades elegidas fuera de carácter profesional, la sociedad la ejercerá como mera intermediadora entre el profesional prestador del servicio y el consumidor». Por tanto, el notario considera que no habría vulneración del art. 402 RRM ya que los estatutos claramente señalan la actividad que realiza la sociedad, y el RD 421/2015, que tiene el mismo rango legal que el RRM y es de fecha posterior a éste, admite en el objeto social de sociedades no profesionales la posibilidad del ejercicio (como intermediarias) de actividades que serían propias de sociedades profesionales si se ejercitasen directamente.

No obstante el recurso presentado, la DGRN no entra en ese posible conflicto normativo que podría existir entre el RRM y el RD 421/2015, y se limita a confirmar la calificación del registrador que denegó la inscripción de acuerdo al principio de veracidad: "Ciertamente no se constituye una sociedad profesional, pues respecto del objeto social expresamente se dispone que se configura como una sociedad de intermediación respecto del desarrollo de la actividad profesional de arquitectura y en la denominación social no se ha utilizado la expresión profesional. Pero la utilización del término «arquitectos» sin hacer la precisión de que es de intermediación en actividades de arquitectura, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y mercantil como una sociedad de arquitectura, cuando en realidad es de intermediación de arquitectura."

Modelo de escritura pública en formato estandarizado y campos codificados de las sociedades de responsabilidad limitada.

El BOE del pasado sábado publicó la Orden JUS/1840/2015, de 9 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de escritura pública en formato estandarizado y campos codificados de las sociedades de responsabilidad limitada, así como la relación de actividades que pueden formar parte del objeto social, que entró en vigor el día de ayer 13 de septiembre.

Esta Orden tiene por objeto la aprobación del modelo de escritura pública en formato estandarizado y con campos codificados previstos en los artículos 15 y 16 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, para la constitución de las SRL, mediante el documento único electrónico (DUE) y el sistema de tramitación telemática del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), así como la aprobación del listado de actividades económicas que pueden constituir su objeto social, de conformidad con la previsión del apartado segundo de la disposición final décima de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

En efecto, el artículo 15 de la Ley 14/2013 estipulaba que los fundadores de una SRL podían optar por la constitución de la sociedad mediante escritura pública con estatutos tipo en formato estandarizado, cuyo contenido se desarrollaría reglamentariamente. Ese modelo de los estatutos -que se publicó en el Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales con reserva, y al que nos referimos en esta entrada-, es el que se sigue para este modelo de escritura recogido en la Orden JUS/1840/2015, debido a su sencillez. No obstante, se deja la puerta abierta a la aprobación futura de otro u otros modelos que incorporen mayor complejidad.

El art. 2 de esta Orden JUS/1840/2015, señala que los campos codificados para la constitución de las SRL que aparecen en el modelo estandarizado de escritura pública, deben contener el dato codificado que corresponde a la numeración situada en el propio modelo, de acuerdo con la relación contenida en el anexo II de esta Orden. Los campos serán completados por el notario de forma que la información estructurada sea electrónicamente tratable. Al efecto, en el Anexo III de esta Orden se incluye la descripción del formato de Escritura Estandarizado mediante un esquema XSD, XML Schema Definition. Asimismo, la escritura pública deberá indicar si la sociedad se encuentra en régimen de formación sucesiva.

En lo que respecta al objeto social, según el art. 3 de la Orden, su determinación se realizará mediante la selección de alguna o algunas de las actividades económicas y de sus códigos determinados en el anexo IV de esta Orden, que deberán estar disponibles en la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia. El código o códigos a seleccionar deberá tener al menos dos dígitos. En caso de que el objeto social recoja más de una actividad se señalará la que ha de tener carácter principal, en cuyo caso se identificará con cuatro dígitos.

Finalmente, la Orden JUS/1840/2015 deroga la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, por la que se aprueban los estatutos tipo de las sociedades de responsabilidad limitada.

No obstante, un aspecto a resaltar como bien ha señalado mi amigo y compañero Luis Cazorla (aquí), y es que el anexo hace referencia en dos ocasiones a la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, que está derogada por la disposición derogatoria.a) de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Por tanto, parece evidente que deberá ser objeto de alguna corrección de errores en los próximos días.

La determinación del objeto social (RDGRN de 11 de noviembre de 2013)

La RDGRN de 11 de noviembre de 2013 (http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/16/pdfs/BOE-A-2013-13121.pdf) se pronuncia respecto a si puede formar parte del objeto social de una sociedad lo siguiente: «la promoción, creación y participación en empresas y sociedades industriales, comerciales, inmobiliarias, de servicios y de cualquier otro tipo».

El registrador mercantil había denegado la inscripción por considerar que dicha frase implica el ejercicio indirecto de cualquier actividad, por lo que existe falta de determinación del objeto social.

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 23.b) LSC y en el artículo 178 RRM se exige que la definición estatutaria del objeto social se realice mediante la determinación de las actividades que lo integren, lo que implica que:

a) no pueden incluirse en el objeto «los actos jurídicos necesarios para la realización o el desarrollo de las actividades indicadas en él». Esta prohibición se justifica por una evidente razón de claridad, y es que si las facultades representativas de los administradores se extienden a todos los actos comprendidos en el objeto social (artículo 234 LSC) esa representación abarca todos los actos expresivos de la capacidad de obrar de la sociedad, por lo cual la farragosa enumeración de actos jurídicos debe proscribirse por innecesaria.

b) en ningún caso puede incluirse como parte del objeto social «la realización de cualesquiera otras actividades de lícito comercio ni emplearse expresiones genéricas de análogo significado». Esta segunda limitación, que es la que tiene interés en este expediente, se debe a que esa clase de fórmulas («cualesquiera otras actividades de lícito comercio», a las que a veces se añadía, en una vieja cláusula de estilo, el giro «acordadas por la junta general») convertía el objeto en indeterminado y genérico.

La decisión sobre si determinada cláusula concreta es o no suficientemente determinativa del contenido del objeto social no siempre es sencilla por lo que la DGRN ha ido elaborando una doctrina muy consolidada, que permite seguir determinadas pautas de actuación. Dicha doctrina se asienta en la consideración de que las prohibiciones contenidas en el Reglamento, precisamente por ese carácter, deben aplicarse con la debida mesura de modo que no sean objeto de una extensión a supuestos que no pueden calificarse como indiscutiblemente relativos a su contenido. Así, la RDGRN de 1 de diciembre de 1982 entendió que «únicamente habrá indeterminación cuando se utilice una fórmula omnicomprensiva de toda posible actividad comercial o industrial en donde se empleen unos términos generales, pero no existirá esta indeterminación si a través de términos concretos y definidos se señala una actividad de carácter general». En la misma línea, la RDGRN de 25 de enero de 2012 ha afirmado que la determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados.

En base a estas consideraciones la DGRN admite el recurso presentado ya que entiende que «No puede afirmarse que la cláusula debatida implique una extensión indirecta del objeto social a actividades no previstas en el mismo pues de la previsión “de promoción, creación y participación en empresas y sociedades industriales, comerciales, inmobiliarias, de servicios y de cualquier otro tipo” no puede inferirse sin más que mediante esta actividad se pretenda desvirtuar el contenido del resto de actividades que constituyen el objeto social. Tampoco puede afirmarse que exista una indeterminación del objeto social que deba ser excluida de los libros del Registro pues la actividad de promoción, creación y participación de empresas constituye una determinación suficiente sin que sea preciso especificar las actividades concretas que a su vez dichas empresas deban realizar. Es cierto, como apunta el registrador en su informe, que existe alguna Resolución de este Centro Directivo que exige una precisión mayor, pero su carácter aislado y singular no desdicen lo que, como queda dicho, es doctrina reiterada y suficientemente asentada».

Asimismo, la DGRN tiene en cuenta la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, cuyo artículo 20 relativo a la sectorización universal de la actividad de los emprendedores, exige, en su número 2, que en la primera inscripción que se haga en los registros públicos competentes, como es el Registro Mercantil, se expresen los códigos correspondientes a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas que correspondan al objeto social. Esta medida no sólo permitirá alcanzar fines estadísticos que permitan conocer mejor el entramado empresarial de España sino que también facilitará la labor de los profesionales que intervienen en el proceso de creación de entidades jurídicas de emprendimiento. Esto es, se trata de una medida que va a permitir determinar el objeto social cuando la redacción de los estatutos ofrezca dudas al respecto.